Se llevaba pidiendo y nunca había pasado. Han sido varios los intentos para sentar en la misma de debate a alguno de los representantes del taxi y de las nuevas plataformas del transporte. El resultado que se ha venido repitiendo desde hace tiempo ha sido el mismo: un gran número de portavoces por la parte de las tecnológicas y las VTC, pero ninguno del taxi.

Días previos a la resolución del Tribunal Supremo que haría referencia a una posible liberalización del sector del transporte en España, se hizo un llamamiento a todas las partes de la mano de Cabify: sentarse para centrar el diálogo sobre la movilidad en España. Efectivamente, todas las partes se sentaron a la mesa menos el taxi que tardó poco en confirmar lo que ya se esperaba. Para Fedetaxi, Antaxi y el resto de gremiales era una estrategia de marketing en la que no querían participar. Meses después se volvió a llamar a todos los jugadores. La huelga general de la parte más tradicional del transporte abrió una nueva brecha. Tampoco hubo suerte en ese punto. Ahora, y al amparo de un encuentro organizado por Cinco Días, Mariano Silveyra de Cabify y el abogado de Fedetaxi, Emilio Domínguez, se han puesto cara ante el público.

Con el Decreto Ley sobre la mesa

No podía faltar el invitado más importante, aunque no fuese de cuerpo presente: el Decreto Ley aprobado por el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que ya ha sido rechazado por ambas partes de juego del transporte. No convence a nadie. Para unos es demasiado laxo, mientras que para otros deja abierta una puerta demasiado grande a la incertidumbre dentro del negocio de las VTC en el país.

En este sentido, han sido varias las partes que han apuntado a la gran problemática que crea este nuevo texto y aún queda por ver un análisis jurídico a fondo del mismo. Ese que ha sido llamado a derivar la gestión de las licencias que operan para Uber y Cabify a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Ese mismo que ha decidido compensar con tiempo, cuatro años concretamente, a los propietarios de esos permisos por el cambio en la normativa vigente. “El Decreto Ley intenta resolver un problema grande creando nuevas tensiones”, argumentaba Santiago Muñoz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense.

Una de las grandes incógnitas del texto aprobado por Fomento era su magnitud en la esfera jurista. Se ha comentado la cuestión de la motivación del Real Decreto; no han sido pocos los que han apuntado a una posible estrategia de cara a las elecciones generales que están por llegar. La idea de que el mecanismo utilizado sea precisamente el Decreto Ley, un sistema con carácter de urgencia explicaba el Catedrático, choca con los cuatro años de margen que se le ha dado al sector. Se suma la idea de si los cuatro años suponen una compensación suficiente:

“Es difícil aceptar esto en términos jurídicos. La compensación tiene que ser en términos de mercado y cuatro años no son suficientes. El problema no se limita a la amortización, sino que también tiene que afrontar la idea del activo limpio que quedaría después”.

Apuntaban también, desde la perspectiva inversora de Iñaki Arrola(fundador de Coches.com), lo cortoplacista que era el texto del Decreto Ley de Ábalos. Y, en cierto modo, en este coincide con el discurso del taxi: de aquí a cuatro años, y la emisión de licencias VTC por parte de los tribunales en pleno apogeo, la cantidad de circunstancias que pueden darse no tienen límite. O lo que es lo mismo: puede ocurrir de todo de aquí a media década.

Para María José Rallo, Secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, el texto y sus dudas están más que estudiadas por los abogados de Estado; una posición que ya defendieron desde la Plataforma Caracol días previos a la publicación.

Taxis de Buenos Aires – Wikimedia

“España no es un país para startups”

Con la cuestión de las pérdidas de empleo o no sobre la mesa, la conclusión de Jose María O´Kean, Catedrático de economía la Universidad de Pablo Olavide, es que España está mandando un mensaje peligroso al muno: las startups no son bien recibidas. “Las leyes van en contra de la dirupción y el Gobierno está premiando a un sector que se ha convertido en un cártel”, argumenta el catedrático apoyado por Arrola: “Grandes inversores internacionales me han preguntado por lo que está pasando en España y por qué se está criminalizando a las empresas”. ¿Qué ocurrirá con la financiación de empresas VTC “Con esta fecha de caducidad es impensable que nadie te financie, ha desaparecido la coinfianza”, explica Mariano Silveyra de Cabify. Y en cierto modo el propio sector ha cambiado de sentido y ya son algunos los que están empezando a plantearse una venta de los permisos en conflicto.

Opiniones particulares a un lado, ha sido la intervención de Emilio Domínguez, abogado de Fedetaxi, ha apuntado por la creciente demagogia que se está creando sobre el sector del taxi: “nos están llamando luditas, que vamos en contra de la tecnología y las empresas tecnológicas, la realidad es que el taxi es una víctima de una negligencia política; el Decreto Ley indemniza a los que entran de nuevo en el mercado en vez de a los afectados. Esto hace tiempo que dejó ser una cuestión de no querer competir”. En el otro lado del ring, Cabify apunta a la apertura de nuevas heridas en un sector que parecía tranquilo después de la sentencia del Tribunal Supremo y “que ahora crea un problema que no existe”.

En definitiva, ninguna de las partes baila del mismo lado y los intereses de usuarios, taxis y plataformas chocan desde todo punto y en todas direcciones. Una situación que Real Decreto en mano o no tiene pocas perspectivas de arreglarse a corto plazo.