La empresa Qualcomm solicitó a los tribunales de China que prohíban la venta de los más recientes modelos de iPhone XS y XR de Apple después de ganar un juicio contra modelos más antiguos, confirmó la compañía.

Un tribunal chino ordenó la importación y venta de algunos modelos de iPhone por violar dos patentes de Qualcomm, entre los afectados incluyen al iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8,  8 Plus y iPhone X.

“Planeamos usar las mismas patentes para presentar una demanda contra los tres nuevos modelos de iPhone”, dijo Jiang Hongyi,  abogado de las Oficinas Legales de Lexfield que representa a Qualcomm en sus demandas de patentes.

Recordemos que el caso presentado por Qualcomm forma parte de una disputa de patentes entre las dos compañías estadounidenses que incluye docenas de juicios.

Apple mencionó que todos sus modelos de teléfonos seguían a la venta en China y que había presentado una solicitud de reconsideración ante el tribunal. Afirmó que sus modelos iPhone XS, XS Plus y iPhone XR lanzados en septiembre no eran parte del caso.

Cabe mencionar que China, Hong Kong y Taiwán representan una quinta parte de las ventas de Apple, es decir, 265.6 mil millones de dólares en su año fiscal más reciente.

Por otra parte, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos revisará la resolución del juez de derecho administrativo Thomas Pender, quien encontró que Apple infringió una de las patentes, pero autorizó a la compañía a infringir las otras dos.

Pender recomendó a la agencia que no otorgue a Qualcomm el alivio que buscaba el fabricante de chips, afirmando que no era del interés de Estados Unidos.

La agencia también revisará cuánto tiempo le toma a Apple diseñar tecnología patentada, como la seguridad nacional se ve implicada en una prohibición de ventas y si se podría adoptar una prohibición de importación limitada.

Corea del Sur lanzó una nueva regulación fiscal que obligará a las compañías tecnológicas a nivel global como Google, Facebook y Amazon a pagar un impuesto al valor agregado (IVA), en una gama más amplia de servicios digitales ofrecidos en el país, a partir de julio de 2019.

La Asamblea Nacional del país aprobó un proyecto de ley que exige que las empresas bajo la categoría de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) no nacionales (no aplica para Samsung) paguen 10 por ciento de IVA en anuncios en línea, servicios de computación en la nube y algunos tipos de negocios en línea.

La ley modificada sólo se aplica a las transacciones de los consumidores.

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De acuerdo con la ley anterior, las compañías de TIC globales sólo debían pagar IVA en un número limitado de servicios directos al consumidor, por ejemplo, las ventas de Google Play y las App Store de Apple.

La ley tributaria no aplica en las ventas de empresa a empresa, por lo que el gobierno surcoreano considera que el alcance ampliado de la ley es un “gesto simbólico” que generará pocos ingresos fiscales adicionales.

Al igual que el país asiático, muchos países han considerado la introducción de nuevos impuestos digitales, muchos de los cuales han sido acusados ​​de evitar pagar impuestos en sus operaciones globales a través de varias lagunas contables.

Ante la controversia que han provocado los artículos 11 y 13 sobre derechos de autor, los ponentes alternativos están frustrados porque el Parlamento Europeo no tiene una posición unificada sobre los artículos y ha estado realizando un acuerdo institucional.

A través de una carta dirigida al Relator Axel Voss, ponentes alternativos expresaron su descontento, pues “ha comparecido ante la Comisión y el Consejo durante las negociaciones interinstitucionales, pero no ha llegado a un acuerdo porque no escucha”.

La Comisión tiene un texto y el Consejo una posición, pero el Parlamento sigue sin noción en muchos artículos, así lo expresó la eurodiputada Jean-Marie Cavada a Euractiv.

Las negociaciones interinstitucionales se llevarán a cabo el 13 de diciembre.

La carta exigió una reunión de último momento para expresar las diferencias entre los eurodiputados. La mayoría de los ponentes están en desacuerdo con tener un cierre del texto en esta semana, porque las enmiendas no han sido acordadas.

Aunado a estas quejas, Cavada describe un “clima detestable” en torno a la directiva de derechos de autor, pues existe demasiada presión de las instituciones de fuera, tal es el caso del viaje de la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, a Estrasburgo, invitada por el Relator, para presionar a los eurodiputados el mes pasado.

También aseguró que los eurodiputados no están “en contra” de los gigantes tecnológicos, lo único que piden es que paguen por su forma de apoyar la creatividad de las bases europeas.

La postura de Google

Richard Gingras, vicepresidente de Google News, advirtió que el Artículo 11 los obligaría a retirar sus servicios de la Unión Europea.

A través de un comunicado, Google instó a buscar la forma de actualizar y adaptar la legislación europea sobre derechos de autor a la era de Internet.

Resaltó el papel que juega Internet en las obras de periodistas, artistas y creadores, pues les permite compartir información e ideas.

La versión propuesta por el Parlamento Europeo limitaría la variedad de contenido e información de servicios como YouTube y el buscador de Google.

Los servicios que permiten subir contenidos serían responsables, desde el primer momento, de cualquier infracción, por lo que tendrán que bloquear en la Unión Europea vídeos existentes y recién subidos cuya información sobre derechos de autor sea desconocida o tenga algún reclamo.

Google considera que este hecho pone en peligro el trabajo de creadores, empresas, empleados y artistas, porque requeriría que los servicios de búsqueda implementen licencias, obligando a elegir qué contenido se incluye o se elimina; las publicaciones menores, nuevas o de nicho tendrían problemas para llegar a las audiencias y generar ingresos.

Por ello, Google redacta propuestas para proteger el periodismo y la creatividad, sugiere que los servicios que actúen con celeridad para proteger a los titulares de derechos no deben ser infraccionados, si no hubo una notificación previa.

Los titulares de derechos y las plataformas deben trabajar de la mano, identificando la propiedad de los derechos de autor.

Los editores podrán decidir cómo quieren que se publique su contenido en Internet y se deberá definir claramente el contenido de editores de noticias, para no afectar a editores de otro tipo de contenido.

Una coalición de editores europeos se ha unido para impugnar los reclamos de Google sobre el Artículo 11, con una carta abierta que pide preservar la diversidad y el valor de la prensa libre e independiente.

La firman los directores ejecutivos de la Revista Europea de la Asociación de Medios, Asociación Europea de Editores de Periódicos, el Consejo Europeo de Editores y News Media Europe.

Para los editores, esto significa una amenaza por parte de Google, y lo llamaron “ejemplo primario de un abuso flagrante de dominio”.

La solicitud para que la licencia sea “gratuita” y “renunciable” es “un intento escandaloso de abrir la puerta para evitar cualquier obligación de negociar una licencia o términos para la distribución de contenido”.

Con tales divisiones en el tema, es muy poco probable que se logre un acuerdo esta semana, será necesario otro diálogo al iniciar 2019.