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POLÍTICA

Advierten retos para uso de reconocimiento facial en aeropuertos de Estados Unidos

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha publicado un reporte sobre los problemas que ha tenido la implementación de esta tecnología.

Mediatelecom Tecnología

Publicado

en

Hipertextual-Paloma Beamonte 

El uso del reconocimiento facial en los aeropuertos de los Estados Unidos es de por sí un tema polémico, pues muchos aún cuestionan su legalidad. Sumada a esa controversia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha publicado este martes un reporte que advierte que su implementación ha estado plagada de problemas.

Ante los diversos desafíos del sistema, el informe ha detallado cinco recomendaciones para el programa de escaneo facial del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) diseñado para rastrear a todos los viajeros procedentes de Estados Unidos. También señala que, pese al “considerable progreso”, probablemente no logren el objetivo de que esté operativo en los 20 aeropuertos principales del país para el año 2021.

Actualmente, el sistema ya es usado en nueve aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional de Orlando, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Washington-DullesSolamente los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes con la famosa tarjeta verde pueden optar por no participar en el programa y que sus documentos sean revisados de forma manual.

Durante el piloto, CBP encontró varios desafíos técnicos y operativos que limitaron la confirmación biométrica a sólo el 85 por ciento de todos los pasajeros procesados. Estos desafíos incluyen poca disponibilidad de red, falta de personal dedicado y tiempos de embarque comprimidos debido a demoras en los vuelos.

Mientras que el sistema logró detectar a 1.300 visitantes que habían sobrepasado su tiempo de estancia permitida en Estados Unidos. Sin embargo, debido a que su tasa de éxito ha sido del 85%, el informe señala que se habrían detectado todavía a más personas en esta situación. Según el reporte, los escáneres no lograron “coincidir consistentemente con individuos de ciertos grupos de edad o nacionalidades”.

Otro aspecto mencionado por el organismo de control fue la incertidumbre de depender de la ayuda de las aerolíneas, como exigirles que compren las cámaras para tomar las fotos de los pasajeros o el hecho de que son los encargados de realizar los escaneos biométricos. El inspector general dijo que eso representa un “punto de falla importante” para el programa de reconocimiento facial. Como resultado, CBP prometió crear un “plan interno de contingencia” en caso de no poder obtener la ayuda de los aeropuertos y transportistas.

Un portavoz de CBP dijo a TechCrunch que la agencia ha realizado “avances significativos” desde el informe del inspector general y afirmó que los promedios de concordancia biométrica son ahora del 97 por ciento. Tendremos que esperar el siguiente informe para confirmar su declaración.

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Empresa

La web de control pactada entre Airbnb y Ada Colau ya tiene una demanda y viene de los anfitriones

La Asociación Acaba presenta una demanda colectiva contra la web de control propuesta por el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb por considerar que vulnera los derechos de los usuarios y que ocasiona una práctica desleal por parte de la tecnológica.

Mediatelecom Tecnología

Publicado

en

Hipertextual- Ara Rodríguez

La historia de Airbnb en España ha recorrido una senda similar a la de Uber, pero con competencias muy diferentes. Si para la compañía de transporte la batalla se libra con un rival que cuenta con una gran fuerza de presión en las esferas políticas, no es tanto el caso de la tecnológica de alquiler de pisos.

En la lucha contra las comunidades de vecinos sigue habiendo opiniones encontradas y fuerzas muy diferenciadas. Igualmente, no son pocos los Ayuntamientos que se han posicionado a favor de los vecinos de los diferentes barrios de las ciudades en su objetivo para acabar con lo que ya se conoce como “el efecto Airbnb”; o lo que es lo mismo, una supuesta subida de los precios del alquiler como consecuencia de la reducción de la oferta de viviendas disponibles en el centro de las ciudades.

Si bien es cierto que existe una honda expansiva que tiene como centro la actividad de la tecnológica, no hay que olvidar ciertas cuestiones económico-sociales de cada país para tener una magnitud completa del problema.

Sea como fuere, los Ayuntamientos de Madrid Canarias, Baleares o Valencia ya se han posicionado de una forma muy clara. Con prohibiciones totales en las regiones insulares o con la modificación de las condiciones de las licencias de vivienda vacacional en el caso de Madrid. Al otro lado de la historia se encuentra Barcelona. Una rara avis en lo que a esta historia de desamores entre ayuntamientos y tecnológicas se refiere.

Si bien Barcelona comenzó siendo una de las regiones que más batalló en contra de Airbnb de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, también fueron los primeros en llegar a un acuerdo con la misma. Una web de control con los datos de los propietarios de las viviendas con licencia y así controlar la actividad de la compañía; esta era la oferta de Airbnb al consistorio. Desde entonces, la situación entre ambos ha cambiado para bien. No tanto así la posición de algunos vecinos de la región o, incluso, la de algunos propietarios de vivienda vacacional.

En este sentido, se ha sabido de demandas de vecinos, pero hasta la fecha ninguna de los anfitriones. Y es que a esta historia le ha salido un tercer amor: ahora, y de forma inédita, la Asociación Acaba (Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb), ha iniciado una demanda colectiva por las prácticas desleales de Airbnb. La web de control propuesta por la tecnológica al Ayuntamiento ha causado más dudas que beneficios a sus afectados. Dylan Tarín, portavoz de la asociación, explica a Hipertextual que surgen dudas sobre “qué datos se van a ceder al Ayuntamiento y qué va a hacer con ellos; es decir, que se trata de un acuerdo privado del que no se ha informado a los usuarios sobre sus términos y condiciones“.

Formado por 102 personas, el objetivo de ACABA es que las 5.000 sancionadas en Barcelona formen parte del movimiento. El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona ha requerido, tanto a Airbnb como al Ayuntamiento, toda la información necesaria para determinar el por qué de las multas a los anfitriones de la plataforma.

“El Ayuntamiento tiene plazo hasta el 2 de noviembre para entregarnos la información; estamos a la expectativa de si va a facilitar el proceso, dado que son datos comprometedores para ellos también, que evidencian que han impuesto multas de forma salvaje injustificadamente”, explican Tarín.

Las prácticas desleales de Airbnb en su acuerdo con el consistorio, que ocasionan multas estratosféricas a sus usuarios, “se evidencian por una mala gestión de un conflicto entre una administración y una multinacional, en el que al final han salido perjudicados los ciudadanos”, añade.

Sin tener ninguna colaboración por parte del Ayuntamiento o Airbnb, y tampoco ninguna comunicación por su parte, el objetivo de la demanda -además de frenar el acuerdo que pone en riesgo la actividad de los propietarios- es que “Airbnb deje de anunciar pisos sin permisos que puedan ser susceptibles de sanción para proteger a los anfitriones más vulnerables, es decir, lo que alquilan su residencia habitual”, explica.

Se buscaría, en definitiva, responsabilidad de las plataformas sobre sus propios usuarios y su actividad y un control en el uso de los datos solicitados por el Consistorio.

De momento, habrá que esperar a la reacción de las partes implicadas, que se han mantenido al margen hasta la fecha, pero lo que sí está claro es que, en esta batalla contra la vivienda turística nadie contaba con este nuevo contrincante.

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Empresa

Google pagará la multa de Europa cobrando a los fabricantes de móviles

El gigante de internet, que establecerá licencias de pago para incorporar sus aplicaciones, asegura que pretende adaptarse al cumplimiento de la decisión mientras esta se encuentre pendiente de apelación

Mediatelecom Tecnología

Publicado

en

ABC Tecnología-Europa Press

Google introducirá un nuevo acuerdo de licencias para la instalación de sus aplicaciones en móviles y tabletas dentro del Espacio Económico Europeo, además de ofertar por separado los permisos de aplicaciones móviles Google, la aplicación de búsqueda y el navegador Chrome, como respuesta a la multa impuesta por el Tribunal General de la UE por su posición dominante en el mercado dentro de dispositivos Android.

El gigante de internet ha comunicado estas nuevas medidas al Parlamento Europeo ante la sanción de 4.340 millones de euros que la Comisión Europea impuso en el mes de julio a Google. Con estos cambios, recogidos en una publicación ubicada en su blog oficial, la compañía pretende adaptarse al cumplimiento de la decisión mientras esta se encuentre pendiente de apelación.

La primera modificiación está relacionada con la separación de las licencias de Google para los dispositivos móviles. Así, según afirma la compañía, los fabricantes podrán adquirir de forma individual la tienda de aplicaciones de Google, sin necesidad de incorporar el buscador de la compañía o el navegador Chrome.

Con ello, no se forzará a la preinstalación del paquete completo de Google, aunque se introducirá un nuevo acuerdo de pago de licencias con los desarrolladores. Esto llevará a que, para incorporar las aplicaciones de Google a un dispositivo será necesario el pago de licencias, aunque según afirma la compañía el sistema operativo Android «se mantiene gratuito y de código abierto».

Junto a esto, la empresa también anuncia que ofertará licencias de pago separadas para la aplicación de búsqueda y para Chrome. Con ello, se fragmenta la licencia única de servicios Google en tres paquetes distintos. Además, Google no forzará a la preinstalación exclusiva del buscador de Google y el navegador Chrome, por medio de nuevos acuerdos. La empresa remarca que «como antes, se podrán preinstalar aplicaciones de la competencia».

La última de las medidas incluye la posibilidad de que los fabricantes de «smartphones» y tabletas desarrollen dispositivos con sistemas operativos bifurcados o «forked» para sus productos, basados en Android pero con las variaciones y la personalización que permite su código abierto, dentro del Espacio Económico Europeo.

La empresa emitió una respuesta a la Comisión Europea tras oficialiarse la sanción, en la cual defendían que tal abuso no existía y que «la innovación rápida, la amplia elección y la caída de los precios son los distintivos clásicos de la competencia robusta, y que Android los ha habilitado a todos» a través de los servicios de Google. Los cambios en cuanto a licencias entrarán en vigor el 29 de octubre para los dispositivos lanzados en el Espacio Económico Europeo.

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POLÍTICA

Europa votará nuevas normas para proteger a trabajadores de la economía digital

Europa busca proteger los derechos de los trabajadores en la economía digital

Liliana Juárez

Publicado

en

El Comité de Empleo del Parlamento Europeo votará el próximo 18 de octubre nuevas normas para proteger los derechos de los trabajadores que operan plataformas digitales.

La propuesta está enfocada en aquellos que trabajan a través de plataformas y aplicaciones. De acuerdo con CorCom, la propuesta normativa incluye información sobre los términos contractuales, la duración de los periodos de prueba, la capacitación, entre otros.

Uno de los temas más importantes de la iniciativa es la retribución.

Según los miembros de la Comisión, los trabajadores de la plataforma no siempre reciben salarios adecuados.

Un estudio de Morgan Chase Institute reveló que las ganancias mensuales (promedio) están cayendo drásticamente: en 2013 fueron de 1,469 dólares, pero en 2017 cayeron a 783 dólares (53%).

Cabe señalar que las ganancias de aquellos que trabajan con plataformas de alquiler (como Airbnb, Turo y Parklee) aumentaron sus ganancias hasta 69 por ciento.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un estudio en el cual revela que los derechos de los trabajadores no se respetan en nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales como Amazon o Mechanical Turk.

Algunos países como Italia han implementado leyes que protegen a los trabajadores, como el “contrato de logística nacional” que se aplica a los pasajeros a partir de julio de 2018.

El acuerdo establece un marco de derechos claros como protección salarial, seguros y beneficios de seguridad social típicos de la relación laboral.

Te recomendamos: Italia: Lazio prepara ley para trabajo digital en plataformas

El acuerdo es un paso importante, pero debe lidiar con la nueva realidad de trabajo de la economía. Los sindicatos también han intervenido. Riders Union Bologna fue uno de los primeros en señalar la “Carta de los derechos fundamentales del trabajo digital en el contexto urbano”.

Primer acuerdo territorial metropolitano europeo sobre la economía del concierto.

 

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Posted by Mediatelecom Tecnología on Tuesday, August 21, 2018
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