COMUNIDAD MEDIATELECOM

POLÍTICA

Nuevo impuesto de Seattle a empresas estalla la controversia

Liliana Juárez

Publicado

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La administración de Seattle ha dado luz verde a un nuevo impuesto dirigido a las empresas más grandes con el fin de recabar fondos para emprender programas de asistencia a personas sin hogar y construcción de viviendas.

El nuevo impuesto cobraría cierta cantidad de dinero a las compañías de acuerdo al número de empleados que tienen. Algunas empresas, como Amazon, han criticado fuertemente la decisión puesto que corre el riesgo de desalentar el reclutamiento de nuevos recursos en el lugar.

Este impuesto afecta directamente a Amazon, uno de los mayores empleadores de Seattle (con más de 40 mil personas empleadas). La empresa ha expresado abiertamente su oposición e incluso suspendió la construcción de nuevas oficinas de un rascacielos de 17 pisos en la ciudad estadounidense.

De acuerdo con CorCom, Amazon no ha sido la única compañía que se opone al impuesto de Seattle, la Cámara de Comercio de la ciudad, que incluye a otros gigantes, incluidos Microsoft y Boeing, han criticado la ley.

El polémico impuesto será equivalente a 275 dólares por año para cada empleado (14 centavos por hora trabajada para “cabeza”) y recaudará alrededor de 47 millones de dólares al año.

“Estamos decepcionados por la decisión del Concejo Municipal, este es un impuesto al empleo”, dijo Amazon en un comunicado.

 

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POLÍTICA

¿Cómo hacer realidad la gobernanza de Internet?

Mayumi Flores

Publicado

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En la actualidad, la toma de decisiones sobre el futuro de las telecomunicaciones y, en específico sobre la Internet, requiere de la participación multisectorial.

Dichos procesos y normas que afectan la gestión de Internet se definen bajo el concepto de “gobernanza de Internet“. El objetivo es lograr que la gobernanza de Internet funcione de manera descentralizada y con un enfoque colaborativo.

Según datos de la asociación Internet Society, los principios básicos de la gobernanza del Internet son: la participación abierta, inclusiva y transparente, la toma de decisiones basada en el consenso, la supervisión y empoderamiento colectivos, debates basados en evidencia, voluntarismo y la libertad de innovar sin necesidad de un permiso.

La naturaleza descentralizada de Internet implica que no puede existir una autoridad única a su cargo. Sin embargo, para lograr la interconexión y colaboración en la toma de decisiones, es necesario promover un equilibrio entre el Estado y la sociedad civil.

Entre los retos para lograr la colaboración, destacan la falta de recursos, el conflicto de intereses y, principalmente, la falta de consenso entre los intereses globales y locales.

Por otro lado, existen espacios de discusión como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y personajes que trabajan en pro del tema como Dustin Phillips, director ejecutivo de ICANNWiki, el portal dedicado a la difusión de casos sobre gobernanza del Internet en Estados Unidos.

“La red de redes no sería nada sin la interconexión o los recursos compartidos de estándares y protocolos abiertos. La expansión más amplia, no más profunda, es esencial para la resiliencia y la fortaleza del ecosistema como un todo”, declaró.

En el caso de América Latina, la asociación Derechos Digitales destaca la importancia de extender los esfuerzos más allá de las agendas digitales a nivel local o regional. Tomando en cuenta la complejidad de los retos que implica la creciente demanda de Internet, se debe reconocer y apoyar un modelo de participación que atienda los intereses de la sociedad civil, sin excluir los proyectos comunitarios.

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POLÍTICA

Amazon desarrolla sistemas avanzados de vigilancia para la policía

Liliana Juárez

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Amazon cada vez expande más su cartera de servicios, ahora también comercializa activamente su software de reconocimiento facial con motor de Inteligencia Artificial para su uso en la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Según documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Amazon ha estado trabajando con los gobiernos y los departamentos de la policía para construir sistemas avanzados de vigilancia en varios condados de Estados Unidos.

El sistema de Amazon, Rekognition, ha sido utilizado por la policía en el condado de Washington, Oregón, para buscar sospechosos durante el último año y medio, según Amazon.

De acuerdo con Futurism, estos programas pueden incluir el uso de todas las cámaras que ya se encuentran en una ciudad para brindar información policial sobre la actividad de cualquier “persona de interés”.

Amazon Rekognition es capaz de escanear videos e imágenes de hasta cien rostros a la vez y puede encontrar, identificar y realizar un seguimiento de personas en tiempo real.

De acuerdo con información revelada por ACLU, con esta interface la policía podrá recibir rápidamente coincidencias probables junto con información biográfica, incluido el nombre, la raza, la fecha de nacimiento y la información de sus antecedentes penales.

 

¿Es ético que la policía use tecnología de reconocimiento facial?

El debate sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial ha dado la vuelta al mundo.

La comisionada de información del Reino Unido, Elizabeth Denham, expuso sus preocupaciones por la privacidad de los ciudadanos con el uso de este tipo de tecnologías: si bien esta tecnología sirve para que la policía trabaje mejor, aún quedan muchas dudas sobre la protección de datos y la privacidad de las personas, dijo.

 

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POLÍTICA

El FBI mintió al exagerar la amenaza para la seguridad que suponen los teléfonos móviles

Mediatelecom Tecnología

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El Mundo-Ángel Jiménez de Luis

En una audiencia del Congreso de los Estados Unidos celebrada el pasado mes de diciembre, el director del FBI, Christopher A. Wray, explicaba -bajo juramento- que sus agentes se encontraban cada vez con más frecuencia con teléfonos móviles llenos de información pertinente a las investigaciones y a los que eran incapaces de acceder. ¿El motivo? Las fuertes medidas de seguridad y cifrado que muchos smartphone incluyen de fábrica.

Sólo en 2017, apuntaba Wray, el FBI se había encontrado con 7.800 dispositivos bloqueados para los que serían necesarios avanzadas herramientas de análisis forense en el mejor de los casos o que, directamente, serían incapaces de analizar durante el transcurso de sus investigaciones.

Ahora, la agencia ha reconocido que esa cifra era demasiado alta. En realidad, el número de dispositivos a los que el FBI no pudo tener acceso el pasado año por estar bloqueados o cifrados oscila entre los 1.000 y 1.500 dispositivos. Una auditoría interna que se está llevando a cabo permitirá conocer la cifra exacta en unas semanas.

El FBI asegura que la discrepancia en cifras se debe a un error de programación en el código de las bases de datos que usan sus agentes, pero varias organizaciones de defensa de derechos civiles apuntan a un motivo algo más siniestro. El FBI quiere que el gobierno de los Estados Unidos ejerza presión sobre Apple y Google para que instalen puertas traseras de acceso a los dispositivos, atajos que permitan a las fuerzas de seguridad descifrar el contenido almacenado en la memoria cuando no tengan el código de desbloqueo del terminal.

“Imponer este tipo de puertas traseras por mandato sería extraordinariamente peligroso”, advierte la Electronic Frontier Foundation, una organización de defensa de los derechos digitales.

Hoy en día el FBI usa de forma rutinaria herramientas de análisis forense de empresas de seguridad como Cellebrite con las que es posible desbloquear los teléfonos.

Estas herramientas, sin embargo, no siempre son efectivas. Nuevas versiones de los sistemas operativos con mejores sistemas de cifrado y parches de seguridad bloquean las vulnerabilidades que aprovechan para acceder al contenido de los dispositivos.

El FBI, otras fuerzas de seguridad e incluso varios gobiernos están tratando por tanto de forzar la mano de las empresas de telefonía para asegurar el acceso a cualquier dispositivo en caso de necesidad.

En el año 2016 el FBI trató de presionar a Apple, por ejemplo, para conseguir acceso al móvil de uno de los responsables del tiroteo de San Bernardino, amenazado con escalar la demanda a los tribunales del país. Finalmente consiguió acceder a la información pagando más de 800.000 euros por una licencia de uso de un software de seguridad forense que se apoyaba en un fallo de seguridad ya solucionado, pero que aún afectaba al modelo del asesino.

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