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EUA vs Europa en el ring de la neutralidad de la red

Liliana Juárez

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En los últimos meses se ha generado polémica en torno a la llamada “neutralidad de la red”, en la cual han participado representantes de países de todo el planeta, pero ha sido protagonizada por Estados Unidos que decidió eliminar, a finales de 2017, las normas que garantizaban este principio en el país, previamente establecidas por la administración de Barack Obama.

Pero… ¿de qué se trata esta regulación? La neutralidad de la red es un principio por el cual los proveedores de servicios de Internet deben tratar todo el tráfico de datos por igual, sin discriminarlo o cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, página web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación.

En otras palabras, con esta regulación los operadores que proveen el servicio de Internet como Verizon, AT&T, T-Mobile o Comcast, entre otros, no pueden dar preferencia a ciertos servicios ni obligar a los usuarios o a las compañías de Internet a realizar un pago extra para obtener un trato preferencial.

La discusión inició en 2008, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) sancionó a Comcast por retrasar las transferencias de datos de sus usuarios.

Enfoque estadounidense

1. En febrero de 2015, durante la administración de Tom Wheeler como presidente del regulador de las comunicaciones estadounidense (FCC, por sus siglas en inglés), se suscribieron las reglas para la neutralidad de la red en el Título II del Acta de Comunicaciones de 1934.

Se adoptó la ley de neutralidad con base en una nueva definición de banda ancha que permitía al gobierno regular la infraestructura de Internet de la misma forma en que se regula la red telefónica. La FCC redefinió el “servicio de acceso de banda ancha” como un “servicio de telecomunicaciones” y la “banda ancha móvil” como un “servicio móvil comercial”. Con ello, la autoridad estaba obligada a regular el acceso y el servicio. También prohibió bloquear contenidos, aplicaciones y servicios; no perjudicar ni degradar el tráfico y no priorizar o favorecer el tráfico y los servicios de los afiliados de los proveedores de Internet. Al reclasificar la banda ancha en el Título II, cambió radicalmente la manera como se regula Internet y concedió a la FCC una autoridad sin precedentes sobre la red.

Obviamente, los proveedores de Internet se manifestaron en contra. Señalaron que esa regulación era anticuada y perjudicaría la inversión e innovación. Los proveedores de banda ancha argumentaron que ellos realizan las inversiones millonarias, despliegan las redes y soportan la carga regulatoria para proveer el acceso y el servicio.

2. Bajo la administración de Trump, la Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de eliminar las históricas normas que fueron implementadas en el periodo de Barack Obama.

Con 3 votos a favor y 2 en contra, la FCC votó a favor de eliminar las normas a finales de diciembre de 2017 bajo la propuesta de “restaurar la libertad de Internet”, impulsada por el actual presidente de la FCC, Ajit Pai, de postura republicana.

Pai asegura que con la nueva decisión se prioriza un enfoque regulatorio ligero en la industria para incentivar la inversión y la innovación.

La decisión significa quela FCC revierte lo avalado dos años atrás y restaura el acceso de banda ancha como un “servicio de información” y la banda ancha móvil un “servicio móvil privado”, es decir, como estaba previo a las reglas de neutralidad de la red aprobadas por Obama.

3. ¿Cómo quedó la regulación en EUA?

Tras eliminar las normas del Título II del Acta de Comunicaciones, la FCC ya no va a regular directamente a los proveedores de servicios de Internet, ahora la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) es la autoridad responsable de proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas de los operadores.

La FTC deberá verificar que las compañías informen de manera transparente si bloquean ciertos contenidos, ralentizan o dan prioridad en lugar de evitar esos comportamientos. Por su parte, los proveedores de Internet deben divulgar sus acuerdos con otras empresas, incluido bloqueos o priorización pagada.

Esta decisión de la Unión Americana ha desatado una enorme discusión a nivel local y mundial. Compañías tecnológicas y activistas se han manifestado en contra de la derogación de las normas de neutralidad; exigen defender el Internet abierto.

Enfoque europeo

La Unión Europea (UE) ha manifestado su apoyo total a las normas encargadas de regular la neutralidad. Después de la decisión de EUA, la UE emitió un comunicado donde señala que la neutralidad de la red “es un valor central” y que seguirá implementando las normas para procurar una Internet abierta e independiente.

Incluso el Parlamento Europeo envió una carta a los miembros del Congreso de Estados Unidos que advertía sobre la derogación de la legislación de neutralidad de la red como un peligro para los principios de acceso a la información libre y la competencia leal.

Fue en 2014 cuando el Parlamento Europeo votó a favor de la neutralidad en la red. Los principios básicos señalan que las compañías que ofrecen acceso a Internet deberán tratar todo el tráfico de manera equitativa, no podrán bloquear o ralentizar deliberadamente la descarga o subida de contenidos, las aplicaciones o servicios de operadores o receptores concretos, excepto en caso de orden judicial.

Sin embargo, las empresas podrán ofrecer “condiciones especiales” (como una calidad de Internet mejorada para algunos servicios) sólo bajo la condición de que no repercuta en la calidad general. Los proveedores de acceso a Internet no pueden gestionar el tráfico en sus redes para favorecer ciertos servicios. Tampoco se permite priorizar ciertos servicios por una supuesta congestión en sus redes. Entre las restricciones se encuentran ofrecer un acceso privilegiado a “servicios especializados“, es decir, aplicaciones sobre Internet.

En 2016, el Berec (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) aprobó las reglas para una aplicación armonizada de la neutralidad de la red. “Todo el tráfico que circula por una red es tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe”, publicó el Berec en un post.

Las Directrices de neutralidad de la red previstas en el artículo 5.3 del Reglamento 2120/2015 de la Unión Europa abordan el zero rating, la prohibición de prácticas comerciales que no permitan a los usuarios acceder a todas las páginas web y el principio de transparencia.

Algunos países que conforman la Unión Europea también enfrentan este tema de manera local.

En 2012, Holanda aprobó la norma de neutralidad de la red que prohíbe a los operadores móviles bloquear o cobrar a los consumidores una tarifa extra por el uso de servicios determinados.

No obstante, en 2017 el ministro holandés de Asuntos Económicos, Henk Kamp, anunció la eliminación de la interpretación estricta de la neutralidad de la red de la Ley de Telecomunicaciones después de que fue declarada nula por un tribunal de Rotterdam.

En Alemania, Vodafone encendió el debate sobre la neutralidad cuando anunció que sus clientes de planes Red o Young podrían agregar un pase de datos ilimitados (zero rating) para usar ciertas aplicaciones de chat, redes sociales, música o video.

La Agencia Federal de Redes de Alemania indicó que examinará si las nuevas tarifas zero-rating de Vodafone violan la neutralidad de la red para decidir si, o en qué casos, los ajustes son necesarios.

Chile, un caso primordial

El país latinoamericano pasó a la historia por ser el primero en el mundo en introducir la neutralidad en la red en su legislación.

En julio de 2010, el Congreso Nacional de Chile aprobó con 99 votos a favor, cero en contra y sola una abstención el Proyecto de Ley de Neutralidad de Red y en agosto del mismo año se hizo oficial la ley Nº 20.453 que “consagra el principio de neutralidad de red para los consumidores y usuarios de Internet”.

La ley de Chile establece que los ISP “no podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red”.

La legislación chilena fue más allá de la administración del tráfico de Internet porque los ISP deberán cuidar la privacidad de los usuarios, proporcionar protección contra virus y la seguridad de la red. También están obligados a ofrecer controles parentales y a publicar en su sitio web toda la información relativa a las características del acceso a Internet. El regulador sectorial en Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), tiene facultades sancionatorias en materias de neutralidad de la red.

Otros países de América Latina también se han manifestado a favor de la neutralidad de la red.

En 2014 Brasil aprobó el Marco Civil de Internet que recoge como principio la neutralidad de la red.

Las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos o cobrar precios diferentes para cada tipo de servicio. El proveedor deberá mantener registros de conexión, en secreto, por el plazo mínimo de un año y los pondrá a disposición de las autoridades previa orden judicial.

En Perú, el reglamento de neutralidad de red que fija las reglas para promociones y accesos a servicios de Internet fijo y móvil entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2017.

La legislación prohíbe a los proveedores de Internet bloquear el acceso a direcciones web, aplicaciones, contenidos o servicios a los usuarios; diseñar planes u ofertas comerciales que den un trato diferenciado; ni establecer prioridades en el tráfico para las web o aplicaciones de sus socios.

En Colombia, el director Ejecutivo y comisionado experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Germán Arias, opinó sobre la decisión de Estados Unidos de eliminar las reglas y aseguró que no afecta al país porque “en Colombia existe la resolución 3502 de 2011 que prohíbe cualquier gestión de tráfico, y mientras exista, el principio de neutralidad de red se mantendrá”.

La discusión sobre la neutralidad de la red sigue latente en todo el mundo. Los partidarios más radicales de la neutralidad suelen apelar a argumentos vinculados con la libertad de expresión y principios de no discriminación ante la posibilidad de que los proveedores de contenido se asocien con los operadores de telecomunicaciones, mientras que los críticos aseguran que las normas perjudican la inversión en infraestructura para satisfacer la creciente necesidad de consumo de datos.

Se trata de un tema relevante para el panorama económico, político y tecnológico. El caso de Estados Unidos es esencial para entender la discusión; por un lado, se encuentran los demócratas, las empresas de Internet y los activistas que buscan la regulación para una Internet abierta; por el otro lado, se hallan los republicanos y las empresas proveedoras de Internet que prefieren la desregulación, transparencia y fuerzas del mercado para alcanzar el mismo objetivo: libertad, innovación e inversión.

Lo cierto es que el modelo en Estados Unidos no es el único y el debate sobre la neutralidad de la red en Internet es una continuación entre la histórica discusión sobre cómo queremos que sea la comunicación y las tecnologías de la información: abiertas o cerradas.

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La web de control pactada entre Airbnb y Ada Colau ya tiene una demanda y viene de los anfitriones

La Asociación Acaba presenta una demanda colectiva contra la web de control propuesta por el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb por considerar que vulnera los derechos de los usuarios y que ocasiona una práctica desleal por parte de la tecnológica.

Mediatelecom Tecnología

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en

Hipertextual- Ara Rodríguez

La historia de Airbnb en España ha recorrido una senda similar a la de Uber, pero con competencias muy diferentes. Si para la compañía de transporte la batalla se libra con un rival que cuenta con una gran fuerza de presión en las esferas políticas, no es tanto el caso de la tecnológica de alquiler de pisos.

En la lucha contra las comunidades de vecinos sigue habiendo opiniones encontradas y fuerzas muy diferenciadas. Igualmente, no son pocos los Ayuntamientos que se han posicionado a favor de los vecinos de los diferentes barrios de las ciudades en su objetivo para acabar con lo que ya se conoce como “el efecto Airbnb”; o lo que es lo mismo, una supuesta subida de los precios del alquiler como consecuencia de la reducción de la oferta de viviendas disponibles en el centro de las ciudades.

Si bien es cierto que existe una honda expansiva que tiene como centro la actividad de la tecnológica, no hay que olvidar ciertas cuestiones económico-sociales de cada país para tener una magnitud completa del problema.

Sea como fuere, los Ayuntamientos de Madrid Canarias, Baleares o Valencia ya se han posicionado de una forma muy clara. Con prohibiciones totales en las regiones insulares o con la modificación de las condiciones de las licencias de vivienda vacacional en el caso de Madrid. Al otro lado de la historia se encuentra Barcelona. Una rara avis en lo que a esta historia de desamores entre ayuntamientos y tecnológicas se refiere.

Si bien Barcelona comenzó siendo una de las regiones que más batalló en contra de Airbnb de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, también fueron los primeros en llegar a un acuerdo con la misma. Una web de control con los datos de los propietarios de las viviendas con licencia y así controlar la actividad de la compañía; esta era la oferta de Airbnb al consistorio. Desde entonces, la situación entre ambos ha cambiado para bien. No tanto así la posición de algunos vecinos de la región o, incluso, la de algunos propietarios de vivienda vacacional.

En este sentido, se ha sabido de demandas de vecinos, pero hasta la fecha ninguna de los anfitriones. Y es que a esta historia le ha salido un tercer amor: ahora, y de forma inédita, la Asociación Acaba (Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb), ha iniciado una demanda colectiva por las prácticas desleales de Airbnb. La web de control propuesta por la tecnológica al Ayuntamiento ha causado más dudas que beneficios a sus afectados. Dylan Tarín, portavoz de la asociación, explica a Hipertextual que surgen dudas sobre “qué datos se van a ceder al Ayuntamiento y qué va a hacer con ellos; es decir, que se trata de un acuerdo privado del que no se ha informado a los usuarios sobre sus términos y condiciones“.

Formado por 102 personas, el objetivo de ACABA es que las 5.000 sancionadas en Barcelona formen parte del movimiento. El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona ha requerido, tanto a Airbnb como al Ayuntamiento, toda la información necesaria para determinar el por qué de las multas a los anfitriones de la plataforma.

“El Ayuntamiento tiene plazo hasta el 2 de noviembre para entregarnos la información; estamos a la expectativa de si va a facilitar el proceso, dado que son datos comprometedores para ellos también, que evidencian que han impuesto multas de forma salvaje injustificadamente”, explican Tarín.

Las prácticas desleales de Airbnb en su acuerdo con el consistorio, que ocasionan multas estratosféricas a sus usuarios, “se evidencian por una mala gestión de un conflicto entre una administración y una multinacional, en el que al final han salido perjudicados los ciudadanos”, añade.

Sin tener ninguna colaboración por parte del Ayuntamiento o Airbnb, y tampoco ninguna comunicación por su parte, el objetivo de la demanda -además de frenar el acuerdo que pone en riesgo la actividad de los propietarios- es que “Airbnb deje de anunciar pisos sin permisos que puedan ser susceptibles de sanción para proteger a los anfitriones más vulnerables, es decir, lo que alquilan su residencia habitual”, explica.

Se buscaría, en definitiva, responsabilidad de las plataformas sobre sus propios usuarios y su actividad y un control en el uso de los datos solicitados por el Consistorio.

De momento, habrá que esperar a la reacción de las partes implicadas, que se han mantenido al margen hasta la fecha, pero lo que sí está claro es que, en esta batalla contra la vivienda turística nadie contaba con este nuevo contrincante.

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Empresa

Google pagará la multa de Europa cobrando a los fabricantes de móviles

El gigante de internet, que establecerá licencias de pago para incorporar sus aplicaciones, asegura que pretende adaptarse al cumplimiento de la decisión mientras esta se encuentre pendiente de apelación

Mediatelecom Tecnología

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ABC Tecnología-Europa Press

Google introducirá un nuevo acuerdo de licencias para la instalación de sus aplicaciones en móviles y tabletas dentro del Espacio Económico Europeo, además de ofertar por separado los permisos de aplicaciones móviles Google, la aplicación de búsqueda y el navegador Chrome, como respuesta a la multa impuesta por el Tribunal General de la UE por su posición dominante en el mercado dentro de dispositivos Android.

El gigante de internet ha comunicado estas nuevas medidas al Parlamento Europeo ante la sanción de 4.340 millones de euros que la Comisión Europea impuso en el mes de julio a Google. Con estos cambios, recogidos en una publicación ubicada en su blog oficial, la compañía pretende adaptarse al cumplimiento de la decisión mientras esta se encuentre pendiente de apelación.

La primera modificiación está relacionada con la separación de las licencias de Google para los dispositivos móviles. Así, según afirma la compañía, los fabricantes podrán adquirir de forma individual la tienda de aplicaciones de Google, sin necesidad de incorporar el buscador de la compañía o el navegador Chrome.

Con ello, no se forzará a la preinstalación del paquete completo de Google, aunque se introducirá un nuevo acuerdo de pago de licencias con los desarrolladores. Esto llevará a que, para incorporar las aplicaciones de Google a un dispositivo será necesario el pago de licencias, aunque según afirma la compañía el sistema operativo Android «se mantiene gratuito y de código abierto».

Junto a esto, la empresa también anuncia que ofertará licencias de pago separadas para la aplicación de búsqueda y para Chrome. Con ello, se fragmenta la licencia única de servicios Google en tres paquetes distintos. Además, Google no forzará a la preinstalación exclusiva del buscador de Google y el navegador Chrome, por medio de nuevos acuerdos. La empresa remarca que «como antes, se podrán preinstalar aplicaciones de la competencia».

La última de las medidas incluye la posibilidad de que los fabricantes de «smartphones» y tabletas desarrollen dispositivos con sistemas operativos bifurcados o «forked» para sus productos, basados en Android pero con las variaciones y la personalización que permite su código abierto, dentro del Espacio Económico Europeo.

La empresa emitió una respuesta a la Comisión Europea tras oficialiarse la sanción, en la cual defendían que tal abuso no existía y que «la innovación rápida, la amplia elección y la caída de los precios son los distintivos clásicos de la competencia robusta, y que Android los ha habilitado a todos» a través de los servicios de Google. Los cambios en cuanto a licencias entrarán en vigor el 29 de octubre para los dispositivos lanzados en el Espacio Económico Europeo.

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POLÍTICA

Europa votará nuevas normas para proteger a trabajadores de la economía digital

Europa busca proteger los derechos de los trabajadores en la economía digital

Liliana Juárez

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en

El Comité de Empleo del Parlamento Europeo votará el próximo 18 de octubre nuevas normas para proteger los derechos de los trabajadores que operan plataformas digitales.

La propuesta está enfocada en aquellos que trabajan a través de plataformas y aplicaciones. De acuerdo con CorCom, la propuesta normativa incluye información sobre los términos contractuales, la duración de los periodos de prueba, la capacitación, entre otros.

Uno de los temas más importantes de la iniciativa es la retribución.

Según los miembros de la Comisión, los trabajadores de la plataforma no siempre reciben salarios adecuados.

Un estudio de Morgan Chase Institute reveló que las ganancias mensuales (promedio) están cayendo drásticamente: en 2013 fueron de 1,469 dólares, pero en 2017 cayeron a 783 dólares (53%).

Cabe señalar que las ganancias de aquellos que trabajan con plataformas de alquiler (como Airbnb, Turo y Parklee) aumentaron sus ganancias hasta 69 por ciento.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un estudio en el cual revela que los derechos de los trabajadores no se respetan en nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales como Amazon o Mechanical Turk.

Algunos países como Italia han implementado leyes que protegen a los trabajadores, como el “contrato de logística nacional” que se aplica a los pasajeros a partir de julio de 2018.

El acuerdo establece un marco de derechos claros como protección salarial, seguros y beneficios de seguridad social típicos de la relación laboral.

Te recomendamos: Italia: Lazio prepara ley para trabajo digital en plataformas

El acuerdo es un paso importante, pero debe lidiar con la nueva realidad de trabajo de la economía. Los sindicatos también han intervenido. Riders Union Bologna fue uno de los primeros en señalar la “Carta de los derechos fundamentales del trabajo digital en el contexto urbano”.

Primer acuerdo territorial metropolitano europeo sobre la economía del concierto.

 

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Apple sucumbe a presión china y elimina ¡más de 25 mil apps de App Store!

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Posted by Mediatelecom Tecnología on Tuesday, August 21, 2018
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