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POLÍTICA

La industria del videojuego contraprograma a Trump

El mismo día que el presidente de EEUU se reunía con representantes de la industria, Ubisoft, Nintendo y otras grandes empresas tenían otros planes

Mediatelecom Tecnología

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EL Mundo-Bruno Toledano

Donald Trump no es el hombre más sutil del mundo, y tras el atentado del instituto Marjory Stoneman, en el que un joven asesinó a 17 estudiantes usando un rifle de asalto, el presidente de los EEUU recurrió a un recurso muy manido para buscar culpables: los videojuegos tenían la culpa.

Al margen de la respuesta de la comunidad de jugadores y las redes sociales, que no tienen en demasiada estima al presidente por lo general, la Casa Blanca decidió que era un buen momento para convocar a varios representantes de la industria del videojuego para hablar de cómo el medio afecta a los jóvenes y si realmente tienen culpa de que haya tiroteos en colegios.

Según informaba The Washington Post, como representantes de los videojuegos, asistieron los directivos de la principal asociación de creadores de videojuegos de EEUU (la ESA) y los CEOs de Zenimax y Take Two, bajo cuyos sellos se desarrollan y distribuyen juegos como Skyrim o la saga Grand Theft Auto. Frente a ellos, se encontraban algunos críticos del videojuego, como el senador de Missouri, Vicky Hartzler; o Brent Bozell, de la PTV, una importante asociación de padres.

El conflicto estaba asegurado, pues Bozell es de la opinión de que los videojuegos deberían ser tan vigilados como la NRA, la asociación del rifle de EEUU. La presencia de figuras de este perfil han creado un miedo a una regulación más dura con los juegos violentos.

Pero el mismo día que esto ocurría, grandes compañías de videojuegos han decidido anunciar un puñado de nuevos títulos, como si no fuera con ellas la cosa. Y no juegos sin importancia: son grandes títulos que mueven a millones de jugadores.

Puede que sea una coincidencia, pero que Activision anuncia Call of Duty: Black Ops IIII (sic) el mismo día que Ubisoft confirma el desarrollo de The Division 2 y que Nintendo emite en directo que Super Smash Bros. llegará a Switch en 2018 es, como mínimo, algo muy curioso.

No hace falta hablar de Call of Duty como saga de videojuegos de disparos en primera persona que mueve año tras año (hay un juego cada otoño desde hace una década) millones de dólares.

The Division 2 sí necesita algo más de introducción: es la secuela de un tipo de videojuego de disparos tan centrado en conseguir equipamiento mejor con cada combate que en volar muchas cabezas en los mismos. Fue una apuesta arriesgada por parte de Ubisoft que vendió bien, pero que no tuvo el largo alcance ni la comunidad de jugadores detrás que su prinicpal competencia, Destiny.

En cuanto a Super Smash Bros. es un juego de peleas en el que personajes de Nintendo se zurran de lo lindo y en que suele haber también luchadores de otros videojuegos relacionados con Nintendo de alguna manera. En su última encarnación, se vendieron alrededor de 15 millones de copias entre sus dos versiones, la de Nintendo 3DS y la de Wii U.

En resumen, tres grandes franquicias para convertir el 8 de marzo en un día marcado por su existencia y no por lo que Trump pueda opinar de la industria del videojuego.

No parece probable que Trump ponga a este mercado. No existen estudios suficientes para respaldar que engendren violencia en el mundo real, sino todo lo contrario: la mayoría de expertos apuntan a que no hay relación directa entre los tiroteos en institutos y el consumo de videojuegos.

Además, los videojuegos mueven 92.000 millones de euros en todo el mundo, según estimaciones de Newzoo, y Estados Unidos es uno de los países, por ventajes fiscales y por mercado, que más dinero mueven, por lo que, pese a las presiones de grupos más conservadores, no es probable que Trump imponga sanciones o restrinja una industria que funciona como un reloj.

Pese a que las industrias del cine y la televisión también tienen una producciones de películas y series donde la violencia hacia las personas y el uso de armas abunda, ambas han escapado a escrutinios a los que el videojuego se enfrenta constantemente desde su concepción como medio.

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POLÍTICA

Proyecto de ley de neutralidad de la red de California pone alto a AT&T

Liliana Juárez

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AT&T parece estar tocando el cielo luego de la revocación de las normas de neutralidad de la red en Estados Unidos y la aprobación de un tribunal para adquirir Time Warner en 85 mil millones de dólares; sin embargo, California podría convertirse en su mayor reto: el estado trabaja en un proyecto de neutralidad de la red que revive casi todas las normas revocadas por la actual administración de la Comisión Federal de Comunicaciones, incluida la prohibición de la “tasa cero” (zero rating).

Luego de la revocación de las normas de neutralidad de la red, empresas como AT&T podrían beneficiar ampliamente sus propios servicios al ofrecerlos sin costo a cambio de la contratación de un determinado paquete de datos (estrategias de zerorating).

De acuerdo con Electronic Frontier Foundation, luego de la victoria de AT&T sobre la demanda antimonopolio impuesta por el Departamento de Justicia, la compañía podría llegar a niveles mucho más altos de implementación de estrategias zerorating.

Sin embargo, el proyecto de ley de California que podría aprobarse pronto, incluye la prohibición de prácticas que tengan que ver con la “tasa cero” para evitar que las principales empresas de telefonía móvil lleven a cabo prácticas anticompetitivas.

De manera especial, la discusión sobre la “tasa cero” no es exclusiva del sector privado y los legisladores. Incluso dentro de la Asamblea Estatal de California hay legisladores a favor de este tipo de prácticas por considerar que benefician a los usuarios de Internet de menores ingresos.

De hecho, AT&T y sus representantes van a argumentar que sus prácticas de “tasa cero” que violan las normas de la neutralidad de la red son realmente buenas para los usuarios de Internet de bajos ingresos.

No obstante, las disposiciones de calificación cero de SB 822 aseguran que los usuarios de Internet de bajos ingresos obtengan la misma conexión que todos los demás usuarios de Internet.

Se avecina una nueva discusión sobre prácticas de zero rating que tendrá dos protagonistas: AT&T y el gobierno de California.

 

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POLÍTICA

Apple no dejará que el FBI pueda acceder a los iPhone con próxima actualización

Las policías y servicios de inteligencia alrededor del mundo cuentan con un método para acceder a los móviles de Apple, pero tendrán que buscar uno nuevo.

Mediatelecom Tecnología

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FayerWayer-Martín Calderón

Hace no mucho tiempo les contamos todo sobre el aparato y método del FBI, la CIA y otros para desbloquear los iPhone.

Esta máquina, de nombre Grayscale usa la “fuerza bruta” para adivinar la clave del equipo y eventualmente darle acceso a la policía.

Todo esto es gracias a un error en el software de Apple, iOS, que permite que esto suceda, pero ya no más.

Según informa TechCrunch, Apple confirma que está trabajando en un parche de seguridad que no permitirá que esto pase.

Sucede que si después de una hora sin que sea desbloqueado el iPhone, el puerto Lightning del terminal solo servirá para carga, pero no para sincronización de datos.

Parece una solución simple y bastante lógica, pero alguien tenía que implementarla primero.

En declaraciones a la fuente, Apple dice:

Estamos constantemente fortaleciendo las protecciones de seguridad de cada producto Apple, para ayudar a los consumidores a defenderse de hackers, identificar ladrones e intrusos en sus datos personales. Tenemos el mayor respeto por las fuerzas públicas y no diseñamos nuestras mejoras de seguridad para frustrar sus esfuerzos en hacer sus trabajos.

Básicamente, Apple aclara que hacen estas mejoras de seguridad con otros fines, pero que perjudique el trabajo policial es simplemente “fuego cruzado”.

¿Qué tal?

 

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POLÍTICA

Aprueban nuevas reglas “compartidas” para drones en Unión Europea

Elizabeth Salazar

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El Parlamento de la Unión Europea aprobó un nuevo paquete normativo basado en el concepto de “riesgo conectado”, el cual incluye la creación de registros para los operadores del sector y una mayor cooperación entre la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y las autoridades nacionales.

Nivel común de seguridad para drones y operadores, seguridad jurídica para estimular el desarrollo del mercado y la modernización de las políticas en materia de seguridad de la aviación, forman parte de las nuevas normas para garantizar el uso seguro de los drones y actualizar las reglas de la aviación, aprobadas por el Parlamento Europeo.

Actualmente, los drones que pesan menos de 150 kg son responsabilidad de las autoridades nacionales, los fabricantes y operadores están sujetos a diferentes requisitos de diseño y seguridad. En los próximos 10 años, la tecnología del avión civil no tripulado representará el 10 por ciento del mercado de aviación en Europa (alrededor de 15 mil millones de euros al año). Mientras que la industria de los drones creará cerca de 150 mil empleos para 2050.

Los drones no deberán poner en peligro a las personas, deberán tomar en cuenta los riesgos asociados con el peso o el área de operación, deberán contar con aterrizaje automático o sistemas anti-colisión. Los operadores estarán obligados a conocer las reglas vigentes y tendrán que tomar un curso de capacitación, además de estar matriculados en los Registros Nacionales y marcar sus drones.

La Comisión Europea deberá elaborar reglas detalladas, considerando los límites máximos de altitud y distancia para el vuelo de drones, determinar las operaciones y qué modelos deberán certificarse. Determinará qué operadores necesitan entrenamiento y qué drones deberán ser equipados con dispositivos de seguridad adicional. Además se encargará de obtener datos en tiempo real de los registradores de vuelo (“caja negra”) en caso de emergencia de la aeronave, así como leyes adaptadas al aumento del tráfico aéreo previsto en las próximas décadas.

El acuerdo fue aprobado con 558 votos a favor, 71 en contra y 48 abstenciones. Las reglas tendrán que ser aprobadas por los ministros europeos, antes de que la legislación pueda entrar en vigor.

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