COMUNIDAD MEDIATELECOM

POLÍTICA

Tecnológicas en alerta por la caída de promociones de la Ley del Software

Jorge Bravo

Publicado

en

El Cronista – Dolores Olveira

La Ley de Software vence el 31 de diciembre de 2019 y ya asoma una discusión interna entre las áreas económicas de Jefatura de Gabinete y Hacienda, que apuntan a terminar con regímenes sectoriales y tener una ley impositiva para todos, y el Ministerio de Producción que recibe las voces que dicen que el esquema ha impulsado exportaciones de talento argentino con generación de divisas.

“No conozco la existencia de ningún proyecto de prórroga, precisó Macarena Pereyra Rozas, del estudio Carranza, Torres & Asoc., y especialista en la Ley de Software.

A las compañías desarrolladoras y exportadoras de software les costaría mucho acomodarse a sobrevivir sin la ley promocional porque el 80% de sus costos son los salarios de los ingenieros y desarrolladores de software, y esa norma les otorga un bono de crédito fiscal intransferible aplicable para pagar impuestos nacionales (incluyendo Ganancias, si se exporta), que es equivalente al 70% de las contribuciones patronales.

Además, atado a estar alcanzado por la Ley de Software, la Ciudad de Buenos Aires otorga una rebaja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si bien es cierto que mudándose al Distrito Tecnológico de Parque Patricio podrían conservar una rebaja, ahora la tienen en toda la Ciudad.

Sergio Donzelli, country manager de Neoris para la Argentina, una empresa del sector de desarrollo de software, se mostró optimista con respecto a que en los dos años que faltan para que termine la vigencia de la ley promocional se encuentre un camino para hacer ver a las autoridades que la industria merece “ventajas que la hagan competitiva a nivel mundial, para seguir formando talento argentino y generando divisas”.

Donzelli dijo que la Ley de Software ayudó mucho al desarrollo del sector con un impulso fuerte, aunque no fue el único factor, ya que actúa en medio de la transformación digital.
El ejecutivo hizo hincapié en que la del software es una industria que genera balanza comercial positiva, por lo que “se merece una análisis propio”.

“Si bien hay cierta preocupación, lo importante es buscar los medios para lograr un resultado positivo”, apuntó Donzelli, y añadió que “hay que hacer propuestas y un trabajo conjunto” con el Gobierno, “para que se entienda que la exportación de servicios basados en el conocimiento es la tercera después de la agroindustria y la automotriz”, por lo que se debería mantener el “darle una ventaja competitiva”.

Desde 2005 existe el régimen promocional de la industria, pero en 2011 se promulgó una nueva Ley de Software que extendió el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2019 y le introdujo mejoras. Se tardó tres años en reglamentarla.

Los beneficios fiscales, además, del bono fiscal equivalente a contribuciones patronales, son los siguientes:

-Reducción de la alícuota de Impuesto a las Ganancias en un 60%.

-Obtención de un certificado de no retención de IVA.
Para que las empresas puedan inscribirse:

-La facturación anual de las actividades promovidas deben representar más de 50% de la facturación anual total.

-Se debe acreditar que más de 50% del personal y de la masa salarial se afectan a las actividades promovidas y que no se disminuye la nómina de empleados durante la vigencia de la promoción. La reglamentación establece que sólo serán considerados baja de la nómina los despidos sin causa o despidos indirectos.

Además, las compañías deberán acreditar que realizan alguna de las actividades establecidas como promovidas: desarrollo de software, servicios relacionados o servicios prestados mediante la utilización del software desarrollado por la empresa.

De esta definición se benefició MercadoLibre.com para entrar en la promoción que recientemente le discutió la AFIP con peligro de que la empresa se fuera del país si le exigían devolver cientos de millones de pesos anuales, según aseguró su CEO y fundador, Marcos Galperín.

Director Editorial de Grupo Mediatelecom Síguelo en Twitter: @beltmondi Escríbele a jorgebravo@mediatelecom.com.mx

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POLÍTICA

Proyecto de ley de neutralidad de la red de California pone alto a AT&T

Liliana Juárez

Publicado

en

AT&T parece estar tocando el cielo luego de la revocación de las normas de neutralidad de la red en Estados Unidos y la aprobación de un tribunal para adquirir Time Warner en 85 mil millones de dólares; sin embargo, California podría convertirse en su mayor reto: el estado trabaja en un proyecto de neutralidad de la red que revive casi todas las normas revocadas por la actual administración de la Comisión Federal de Comunicaciones, incluida la prohibición de la “tasa cero” (zero rating).

Luego de la revocación de las normas de neutralidad de la red, empresas como AT&T podrían beneficiar ampliamente sus propios servicios al ofrecerlos sin costo a cambio de la contratación de un determinado paquete de datos (estrategias de zerorating).

De acuerdo con Electronic Frontier Foundation, luego de la victoria de AT&T sobre la demanda antimonopolio impuesta por el Departamento de Justicia, la compañía podría llegar a niveles mucho más altos de implementación de estrategias zerorating.

Sin embargo, el proyecto de ley de California que podría aprobarse pronto, incluye la prohibición de prácticas que tengan que ver con la “tasa cero” para evitar que las principales empresas de telefonía móvil lleven a cabo prácticas anticompetitivas.

De manera especial, la discusión sobre la “tasa cero” no es exclusiva del sector privado y los legisladores. Incluso dentro de la Asamblea Estatal de California hay legisladores a favor de este tipo de prácticas por considerar que benefician a los usuarios de Internet de menores ingresos.

De hecho, AT&T y sus representantes van a argumentar que sus prácticas de “tasa cero” que violan las normas de la neutralidad de la red son realmente buenas para los usuarios de Internet de bajos ingresos.

No obstante, las disposiciones de calificación cero de SB 822 aseguran que los usuarios de Internet de bajos ingresos obtengan la misma conexión que todos los demás usuarios de Internet.

Se avecina una nueva discusión sobre prácticas de zero rating que tendrá dos protagonistas: AT&T y el gobierno de California.

 

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POLÍTICA

Apple no dejará que el FBI pueda acceder a los iPhone con próxima actualización

Las policías y servicios de inteligencia alrededor del mundo cuentan con un método para acceder a los móviles de Apple, pero tendrán que buscar uno nuevo.

Mediatelecom Tecnología

Publicado

en

FayerWayer-Martín Calderón

Hace no mucho tiempo les contamos todo sobre el aparato y método del FBI, la CIA y otros para desbloquear los iPhone.

Esta máquina, de nombre Grayscale usa la “fuerza bruta” para adivinar la clave del equipo y eventualmente darle acceso a la policía.

Todo esto es gracias a un error en el software de Apple, iOS, que permite que esto suceda, pero ya no más.

Según informa TechCrunch, Apple confirma que está trabajando en un parche de seguridad que no permitirá que esto pase.

Sucede que si después de una hora sin que sea desbloqueado el iPhone, el puerto Lightning del terminal solo servirá para carga, pero no para sincronización de datos.

Parece una solución simple y bastante lógica, pero alguien tenía que implementarla primero.

En declaraciones a la fuente, Apple dice:

Estamos constantemente fortaleciendo las protecciones de seguridad de cada producto Apple, para ayudar a los consumidores a defenderse de hackers, identificar ladrones e intrusos en sus datos personales. Tenemos el mayor respeto por las fuerzas públicas y no diseñamos nuestras mejoras de seguridad para frustrar sus esfuerzos en hacer sus trabajos.

Básicamente, Apple aclara que hacen estas mejoras de seguridad con otros fines, pero que perjudique el trabajo policial es simplemente “fuego cruzado”.

¿Qué tal?

 

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POLÍTICA

Aprueban nuevas reglas “compartidas” para drones en Unión Europea

Elizabeth Salazar

Publicado

en

El Parlamento de la Unión Europea aprobó un nuevo paquete normativo basado en el concepto de “riesgo conectado”, el cual incluye la creación de registros para los operadores del sector y una mayor cooperación entre la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y las autoridades nacionales.

Nivel común de seguridad para drones y operadores, seguridad jurídica para estimular el desarrollo del mercado y la modernización de las políticas en materia de seguridad de la aviación, forman parte de las nuevas normas para garantizar el uso seguro de los drones y actualizar las reglas de la aviación, aprobadas por el Parlamento Europeo.

Actualmente, los drones que pesan menos de 150 kg son responsabilidad de las autoridades nacionales, los fabricantes y operadores están sujetos a diferentes requisitos de diseño y seguridad. En los próximos 10 años, la tecnología del avión civil no tripulado representará el 10 por ciento del mercado de aviación en Europa (alrededor de 15 mil millones de euros al año). Mientras que la industria de los drones creará cerca de 150 mil empleos para 2050.

Los drones no deberán poner en peligro a las personas, deberán tomar en cuenta los riesgos asociados con el peso o el área de operación, deberán contar con aterrizaje automático o sistemas anti-colisión. Los operadores estarán obligados a conocer las reglas vigentes y tendrán que tomar un curso de capacitación, además de estar matriculados en los Registros Nacionales y marcar sus drones.

La Comisión Europea deberá elaborar reglas detalladas, considerando los límites máximos de altitud y distancia para el vuelo de drones, determinar las operaciones y qué modelos deberán certificarse. Determinará qué operadores necesitan entrenamiento y qué drones deberán ser equipados con dispositivos de seguridad adicional. Además se encargará de obtener datos en tiempo real de los registradores de vuelo (“caja negra”) en caso de emergencia de la aeronave, así como leyes adaptadas al aumento del tráfico aéreo previsto en las próximas décadas.

El acuerdo fue aprobado con 558 votos a favor, 71 en contra y 48 abstenciones. Las reglas tendrán que ser aprobadas por los ministros europeos, antes de que la legislación pueda entrar en vigor.

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